Un nuevo modelo de acceso para los futuros funcionarios
El acceso a la función pública en Andalucía está a punto de cambiar. Con la entrada en vigor del Decreto 51/2025, los opositores a la Junta de Andalucía deberán superar un periodo de prácticas antes de obtener su plaza de funcionario de carrera. Este cambio busca especializar a los empleados públicos y agilizar el sistema de acceso a la Administración General.
El nuevo decreto, publicado en el BOJA, establece un modelo de formación práctica de entre tres y seis meses para determinados cuerpos de la Administración. Esta fase evaluativa será una parte más del proceso selectivo, con supervisión y tutorización, asegurando que los nuevos funcionarios se adapten a las exigencias del puesto antes de su nombramiento definitivo.
¿Qué oposiciones incluirán el nuevo periodo de prácticas?
Inicialmente, el periodo de prácticas se aplicará en cuatro cuerpos específicos de la Administración:
- Cuerpo de Administración General Especialidad Jurídico (A1).
- Cuerpo Superior Facultativo de Ingeniero de Telecomunicaciones.
- Cuerpo Superior Facultativo de Estadística.
- Cuerpo Técnico Facultativo de Prevención de Riesgos Laborales (A2).
Esta medida se enmarca dentro del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público y supone una novedad en el acceso a la función pública andaluza, con la intención de expandirse a más especialidades en el futuro.
La gran renovación: 15.000 nuevos funcionarios
El Decreto 51/2025 responde a una necesidad urgente: la Administración andaluza afronta una gran renovación de personal. Actualmente, el 40% de los funcionarios se jubilarán antes de 2030, lo que supone la salida de miles de trabajadores. Con una edad media del personal en activo de 54 años, el objetivo es sustituirlos con nuevos perfiles adaptados a las demandas actuales de la ciudadanía.
Este proceso de relevo generacional supondrá la incorporación de 15.000 nuevos funcionarios, lo que hace aún más relevante la necesidad de formación y especialización desde el primer día. Además, la edad media de acceso a la función pública ha aumentado en la última década, pasando de 29 a 36 años, lo que implica perfiles con más experiencia previa en el sector privado.
Una administración adaptada a la sociedad actual
La Junta de Andalucía insiste en que la Administración Pública debe evolucionar junto con la sociedad. Se busca dejar atrás el estereotipo del «vuelva usted mañana», apostando por un sistema más ágil y planificado. Este cambio incluye:
- Reducción de la burocracia en la incorporación de nuevos funcionarios.
- Evaluaciones objetivas para asignar los perfiles adecuados a cada puesto.
- Implementación de estrategias de planificación a largo plazo.
La transformación no solo busca mejorar la eficiencia interna, sino también garantizar que los servicios públicos sean más accesibles y efectivos para los ciudadanos.
Un decreto negociado, pero con discrepancias sindicales
El Decreto 51/2025 ha sido objeto de negociaciones extensas con las organizaciones sindicales, en las que se ha tratado de equilibrar los intereses de la administración y los trabajadores. La negociación se llevó a cabo en tres niveles: la Mesa General, la Mesa Sectorial de Administración General y la Comisión del VI Convenio Colectivo.
Sin embargo, no todos los sindicatos están conformes con la nueva normativa. El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ha sido el único en manifestar su rechazo, argumentando que el decreto otorga demasiado peso a ciertos aspectos subjetivos del proceso selectivo, como entrevistas personales o pruebas de valoración.
Por su parte, desde CSIF –el sindicato mayoritario en la Mesa General– han señalado que, aunque apoyan el decreto, aún queda trabajo por hacer para afinar ciertos aspectos y mejorar las condiciones para los empleados públicos andaluces.
El debate sobre los puestos de libre designación
Uno de los puntos más discutidos en la reforma es el aumento de los puestos de libre designación (PLD) en los últimos años. La Junta ha señalado que su intención es reducir la discrecionalidad en la designación de estos cargos, apostando por convocar más concursos específicos que garanticen la selección objetiva de los empleados.
Desde el SAF han expresado su preocupación porque el nuevo modelo de concursos específicos podría convertirse en una nueva versión de la libre designación. Según el sindicato, el peso de factores subjetivos en la selección podría favorecer la discrecionalidad y reducir la transparencia en los procesos de promoción interna.
Conclusión
El Decreto 51/2025 marca un antes y un después en el acceso a la función pública en Andalucía. La introducción del periodo de prácticas representa un esfuerzo por mejorar la especialización y adaptación de los nuevos funcionarios a sus puestos de trabajo. Además, la Administración afronta un reto sin precedentes con la renovación de 15.000 plazas en los próximos años.
Sin embargo, la normativa no está exenta de polémica, con posiciones encontradas entre los sindicatos y debates sobre la libre designación de puestos clave. Lo que sí es seguro es que la función pública andaluza está en pleno proceso de transformación, con el objetivo de ofrecer una administración más eficiente, ágil y adaptada a las necesidades del siglo XXI.
